Tribunal Supremo rechaza varios recursos de la CNMC contra la "ley Uber"

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El Tribunal Supremo ha respaldado la proporción de 30 licencias de taxi por cada una de vehículos de alquiler con conductor (VTC), vigente desde 2015, en los casos en los que este límite sea necesario y proporcional "como forma de garantizar el equilibrio" entre estas modalidades de transporte.

Durante la vista, Uber y Cabify, como intermediarias entre usuarios y vehículos VTC, y la patronal de VTC, Unauto, entregaron y explicaron sus alegaciones ante el Alto Tribunal. Por ello, anula tal limitación.

No obstante, la sentencia llega casi dos meses después de que el Gobierno saliente blindara esta medida elevándola a rango de Ley a través de un Real Decreto Ley que incluso ha sido ya convalidado en el Congreso.

La Sala también acepta la restricción de que el 80% de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización.

El Supremo examina si las limitaciones del Real Decreto de noviembre de 2015 incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sostenían los recurrentes, quienes alegaban que no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias, y por su carácter económico o finalidad de planificación del sector. Limitar de alguna forma el número de licencias a través de una proporción "es sin duda una medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva". Aun así, ni la Administración ni la CNMC han justificado las razones de esta proporción elegida, añade.

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos. "El objetivo del gobierno de la ciudad de Sevilla es poner en valor la profesionalidad de los taxistas, de ahí el gran trabajo contra el intrusismo que realiza la Policía Local en coordinación con el Instituto Municipal del Taxi, al tiempo que abordamos con los representantes del sector cómo acercar a los ciudadanos a este servicio público esencial para la movilidad sostenible en Sevilla, contribuyendo a su modernización y a la adaptación de los vehículos a las personas con diversidad funcional". De todos modos, el alto tribunal cree que "resulta por completo irrelevante para el interés general" y, en todo caso, podría excluir a pequeños empresarios que, sin embargo, sí operan en el taxi.