Expide EPN Ley General de Comunicación Social

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Hace unas horas la Secretaría d Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General de Comunicación Social.

La legislación, que entrará en vigor el primero de enero de 2019, consta de 45 artículos y ocho transitorios que regularán la propaganda oficial.

"La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos", establecen las disposiciones generales del decreto firmado el 8 de mayo. Sin embargo, para muchas organizaciones de la sociedad civil la citada ley cuenta con un contenido con el cual difícilmente se podrá alcanzar el objetivo para la que fue creada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligó a los diputados y senadores a legislar en la materia antes de que terminara el periodo ordinario, o en caso contrario, serían todos retirados del cargo.

La sentencia ordenaba al Congreso de la Unión a expedir a más tardar al 30 de abril del 2018 una norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

Según organizaciones civiles, Peña Nieto ha gastado 40 mil millones de pesos en un pequeño grupo de medios de comunicación afines a su gobierno.

El presidente ordenó la promulgación del decreto de la Ley construida a partir de un proyecto presentado por la bancada priista en la Cámara de Diputados, mismo que señala que la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá el control del Padrón Nacional de Medios de Comunicación y además será la instancia encargada de otorgar los contratos de campañas de comunicación social.

Lo anterior luego de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, que advertía que la falta de regulación de la publicidad oficial tenía un efecto silenciador en los medios y era una restricción indirecta a la libertad de expresión.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano en México escribió en su cuenta de Twitter que al adoptar la Ley de Comunicación Social sin tomar en cuenta estándares internacionales de derechos humanos se ha perdido una oportunidad histórica de corregir las malas prácticas que existen en torno a la asignación de la publicidad oficial en México. En los últimos días de su administración ha continuado fiel a su política de ni los veo, ni los oigo.