Quemar fotos de los reyes es libertad de expresión

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En pleno debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión y las leyes que la definen y castigan sus supuestos excesos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha propinado este martes un fuerte tirón de orejas a España al contradecir a sus tribunales y sentenciar que quemar fotos del Rey no constituye un delito, sino una forma de libertad de expresión política.

"La libertad de expresión se extiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan", subrayó Estrasburgo en su sentencia.

Jaume Roura y Enric Stern fueron los protagonistas de la quema de las fotos de la Corona española el 13 de septiembre de 2007 durante una visita realizada por el rey Juan Carlos I a Girona. Stern roció la fotografía, colocada cabeza abajo, con líquido inflamable y Roura le prendió fuego con una antorcha, mientras eran jaleados por otros manifestantes.

La Justicia española les condenó a 15 años de prisión o pagar una multa de casi 3.000 euros cada uno, lo que finalmente hicieron.

Más contundente aún es su argumentación acerca de por qué en este caso se ha violado la libertad de expresión. La sentencia del tribunal europeo impone a España el abono de una indemnización a los demandantes por la misma cantidad que pagaron de multa.

Los independentistas alegaron entonces ante el Tribunal de Estrasburgo que el fallo que les declaró culpables suponía una interferencia justificada en su derecho a la libertad de expresión. Algo que, concluyen los jueces de Estrasburgo, "entra dentro de la esfera de la crítica política o la disidencia" y, por tanto, "corresponde a la expresión de rechazo de la monarquía como institución".

Según el tribunal de Estrasburgo, se trataba más bien de uno de esos "eventos" provocadores que cada vez más se "organizaban" para atraer la atención de los medios de comunicación y que no iban más allá del uso de un cierto grado permisible de provocación para transmitir un mensaje crítico en el marco de libertad de expresión. Sin embargo, interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que llegó a la conclusión de que el presunto acto no podía ampararse en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de opinión, en la medida en que los interesados habían exhortado al odio y a la violencia contra el rey y la monarquía. Y recuerda que la acción "no provocó un comportamiento violento o desórdenes".

Por último, sostuvo que la condena a prisión impuesta a los demandantes no había sido proporcionada al objetivo legítimo perseguido -la protección de la reputación o los derechos de los demás- ni necesaria en una sociedad democrática.