Mesa de negociación entre gobierno y oposición cierra sin acuerdos

Ajustar Comentario Impresión

La comitiva del Gobierno venezolano está integrada por el ministro Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez; el ministro de Educación, Elias Jaua; el secretario del Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe; y el exembajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton.

"Hay aspectos fundamentales en los que hubo avances", aseguró en conferencia de prensa Julio Borges, vocero la opositora Mesa de la Unidad Democrática al término de la reunión celebrada en la cancillería dominicana con la presencia de observadores de varios países de la región.

Maduro además ratificó que tiene toda la voluntad y disposición a resolver los problemas de Venezuela en el marco de soluciones pacíficas y detalló que el gobierno de Venezuela "tiene palabra" para cumplir los acuerdos que resulten de las jornadas.

11/11 Un cambio de gobierno es necesario para frenar la crisis en el país. ¡Exigimos un acuerdo que permita elecciones libres en Venezuela!

El encuentro de hoy, que al igual que los anteriores se celebra a puerta cerrada en la sede de la Cancillería y que empezó con retrasos alrededor del mediodía de hoy, estuvo antecedido de una reunión técnica este jueves en la que se trataron los seis puntos de la agenda. "En estas jornadas de diálogo y negociación por la paz, Venezuela ha avanzado a buen paso", indicó.

A la cita del sábado no asistieron los cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz, y México, Luis Videgaray -que sí estuvieron el viernes-, pero enviaron representantes.

"Queremos contribuir y seguiremos haciéndolo hasta que veamos resultados, o bien lleguemos a la conclusión de que ya no es posible avanzar".

El parlamentario reiteró que la principal intención de la oposición con el diálogo es conseguir que en el país se realicen elecciones justas y que se abra un canal humanitario.

En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.