Hugo y Pablo Moyano fueron denunciados por evasión y lavado de dinero

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Pésimas noticias para la familia Moyano a raíz de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que este mediodía presentó una denuncia contra Hugo, su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros y empresas y grupos económicos vinculados al jefe sindical en la Cámara del fuero penal económico.

La presentación se fundó en un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que también incluye en las supuestas maniobras a la firma de correos, que preside Patricio Farcuh, al "Grupo Damasco" y al "Grupo Rhuo".

La denuncia fue radicada en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita.

Entre las operaciones que están bajo sospecha, según el reporte de la UIF, se destca la venta de un hotel en Pinamar que era de la Federación de Camioneros a un grupo económico vinculado con Farcuh. "Se transfirieron los cheques cuando me usurparon la compañía", aseguró, en relación a que, según denunció por entonces, Camioneros asumió el control de la compañía.

Denuncian a Hugo Moyano por evasión fiscal de $ 4.000 millones
Hugo Moyano, junto a su hijo Pablo secretario general de Camioneros un sindicato capaz de parar al país. Twitter

Farcuh deslizó también que el contrato de sponsoreo que une a OCA con la camiseta de Independiente, que comenzó a mediados de 2014 por una cifra anual de US$ 2,5 millones, sigue vigente porque fue renovado por quiénes le sacaron la compañía, "Lo interesante sería saber de cuánto es el contrato de ahora, que yo no lo firmé", dijo.

Además, el Grupo Rhuo, responsable de comprar el paquete accionario de OCA en 2013 por 60 millones de dólares, es el virtual centro de la acusación. Otro de los puntos llamativos de la investigación es la donación de $6,6 millones que OCA le donó a la mutual de Camioneros 15 de Diciembre, y al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros.

Según la Procelac, "si bien dicho informe da cuenta de indicios de lavado de activos y de evasión tributaria suficientes como para formular una denuncia, era necesario judicializar el caso, dado que la corroboración de tales extremos exige la concreción de medidas probatorias que, por sus características, requieren de intervención y autorización judicial, como ser el levantamiento de secretos fiscales y bancarios".