Roberto Roy reta a probar señalamientos de Tacla Durán sobre coimas

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Panamá recibió información oficial de España sobre las declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, quien a mediados de julio pasado implicó al presidente Juan Carlos Varela en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, informó hoy el Ministerio Público.

En su declaración, Tacla Durán también hace referencia a coimas en la administración Martinelli. Tacla Durán sostiene que en la misma estaba Andre Rabello, principal representante de la empresa en Panamá, y que en la misma decidió el proceso por el cual se le pagaría al exmandatario panameño.

Según las declaraciones del exasesor de Odebrecht rendidas ante la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada en Madrid el pasado 13 de febrero de 2017, Roy recibió "una coima" pagada por la empresa FCC.

Tacla Durán recordó que en ese momento, "André Rabello se quejaba porque intentó pagar a Roberto Roy y éste no le cogió el dinero, porque él quería dinero de la empresa española, porque veía que era más seguro no ser descubierto o sospechoso de recibir sobornos".

Sostuvo que esa situación molestaba a Rabello y Roy no quería que este tuviera información con la que pudiera chantajearle en el futuro.

A lo largo de mi vida profesional y especialmente como servidor público, nunca respondo ataques ni bochinches.

De acuerdo con Roy, lo dicho por Tacla es una "mentira" expresada en su contra y quienes crean tener pruebas, deben presentar las evidencias ante las instancias judiciales correspondientes, asumiendo la debida responsabilidad probatoria de los hechos con sus consecuencias.

"Estas supuestas declaraciones, no presentan ningún tipo de prueba".

La Procuraduría nuevamente culpó de la no investigación a otros: a España y los jueces panameños.

Tacla Durán fue detenido en un hotel en España en noviembre de 2016, a requerimiento de las autoridades brasileñas, que lo buscan por haber formado parte de un cartel de empresas que sistemáticamente pagó sobornos a cambio de contratos de obras públicas. Se omite que esa orden se giró, porque se le había otorgado una prórroga indefinida a la fiscal Zuleyka Moore, pero se le advirtió que si se producían detenciones entonces debía remitir el expediente en dos meses. Una vez se permita continuar con las investigaciones, se realizarán las actuaciones que correspondan para darle uso a la información que se ha recibido a través de la colaboración internacional, asegura.