Aprueban Ley General de Desaparición Forzada

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Después de dos años de negociarla y debatirla, hoy se aproba la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en la Cámara de Diputados.

Los particulares que incurran en ese delito alcanzarían un castigo de entre 25 y 50 años de prisión.

La nueva ley estipula, en caso de que el delito sea cometido por funcionarios públicos, una pena de 40 a 60 años de prisión y de 10,000 a 20,000 días multa, la cual se puede aumentar hasta en una mitad cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.

El coordinador perredista explicó que parte importante de esta ley es que se crean el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

El Sistema estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta ley "es un avance fundamental para fortalecer la búsqueda de decenas de miles de personas desaparecidas en el país", celebró el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que pidió blindarla con los recursos suficientes para hacer efectivos sus propósitos.

Esta Comisión contará con grupos de búsqueda, los cuales deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la materia, los cuales podrán auxiliase por expertos y cuerpos policiales especializados.

La ley incluye protocolos de acción en los procesos de búsqueda, así como lineamientos de atención y seguimiento a denuncias sobre desaparición; y contempla el fortalecimiento de los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial.

También se tipifica el delito de desaparición cometida por particulares, es decir, quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.

El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri en el Legislativo de San Lázaro, aseguró que, de aprobarse este jueves la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, se habrá logrado un gran paso en la defensa de los derechos humanos en México.

La nueva Ley fue expedida para el presidente Enrique Peña Nieto, quién tendrá hasta 60 días para aprobarla.

También se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

"El marco ya existe, ahora debemos actuar sobre él para terminar con esta terrible práctica que ensombrece al país", finalizó.