Estado español toma control de finanzas catalanas para impedir 1-O

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El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, llamó el miércoles a los ciudadanos de Cataluña a la insumisión si son llamados a las mesas electorales con ocasión del referéndum programado por las autoridades catalanas para el 1 de octubre y que se encuentra suspendido por el Tribunal Constitucional.

Desde Galicia, Rajoy reclamó a los dirigentes de la Generalitat (gobierno autónomo de Cataluña) que reflexionen y vuelvan "a la racionalidad y a la legalidad". La decisión, tomada ayer en una reunión de gabinete, entrará hoy en vigor.

"No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no vayan a ninguna actividad ilegal", explicó a la prensa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien señaló que el control se prolongará "el tiempo que dure la situación de excepcionalidad".

Cospedal ha intervenido este viernes en la Junta Directiva Regional del PP catalán en Barcelona, en la que también ha participado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para cerrar filas frente al referéndum.

El senador Cleríes le recordó que los catalanes aportan cada año al Estado español unos 16.000 millones de euros en concepto de impuestos con los que "se podrían hacer muchas cosas" en Cataluña y puso énfasis en que convocar un referéndum "no es delito".

Arropado por la cúpula de su Gobierno y en un discurso contundente, Rajoy se ha felicitado por la confiscación de 100.000 carteles de propaganda del referéndum por parte de la Guardia Civil y ha dado por muerto el diálogo al que le instaba la Generalitat al considerarlo un chantaje.

Rajoy, a quien Puigdemont ha enviado una carta este viernes para negociar la consulta, ha insistido en que no puede autorizar ni negociar una votación de estas características: "Yo no puedo disponer de la soberanía nacional". La carta critica la presunta "ofensiva de represión sin precedentes" que atribuye al gobierno central, refiriéndose a los diversos mecanismos legales activados por el Estado para frenar la consulta.

En ella, Junqueras anuncia que ya no se someterá más al control semanal establecido en julio por el Gobierno español, para asegurarse de que no se está desviando dinero a la celebración de la consulta, declarada ilegal por la justicia y suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. "¿Alguien cree sinceramente que el 1 de octubre no votaremos? ¿Qué país piensan que somos? ¿Qué gente piensan que somos los catalanes?", preguntó en el acto.