Crean Tribunal de Justicia Administrativa

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Respecto al Sistema Estatal de Justicia, abundó que a nivel nacional se analiza la opción de que exista una Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o que cada estado tenga la suya, por lo que en Puebla aún no se define.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, el Tribunal de Justicia Administrativa estará compuesto de tres magistrados, mismos que serán propuestos por el gobernador del estado y el Congreso ratificará con un voto a favor o en contra; en caso de no haber consenso, el ejecutivo tendrá que enviar nuevas propuestas.

Incluso, el líder de la LIX Legislatura precisó que ese mismo día se publicara en el Periódico Oficial del Estado.

El dictamen con proyecto de decreto fue elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional y de Puntos Constitucionales, integradas por los diputados Mario Armando Mendoza, Ángel Cedillo, Yarabí Ávila, Mary Carmen Bernal, Rosa María de la Torre, Andrea Villanueva, Nalleli Pedraza, Belinda Iturbide, Xóchitl Ruíz, Macarena Chávez, Pascual Sigala, Manuel López, Ernesto Núñez, Carlos Quintana, Juan Pablo Puebla, Miguel Ángel Villegas, Daniel Moncada y Wilfrido Lázaro, quienes conformaron el Grupo de Trabajo Plural encargado del estudio, elaboración y formulación del proceso legislativo para la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.

También aplicará la remoción si los magistrados usan información confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros y si se abstienen de resolver, sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su competencia.

Los requisitos de elección serán iguales al del resto de los integrantes del Poder Judicial, y el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción no tendrá ningún tipo de intervención.

En este tenor, Aguilar Chedraui, dijo que este nuevo ente tendrá la facultad para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal entre los gobiernos municipal y estatal con empresas privadas.

El Tribunal verá temas entre la administración pública local, municipal, y órganos descentralizados.