Parlamentarios chavistas pidieron a Tribunal Supremo autorización para enjuiciar a fiscal general

Ajustar Comentario Impresión

El diputado oficialista Pedro Carreño solicitó hoy al TSJ iniciar el proceso de remoción de la fiscal contra quien también pidió la congelación cautelar de sus bienes.

La siguiente medida responde a que el chavismo evalúa el proceder de la fiscal "como la génesis de actuaciones de personas que se van a fugar del país y por lo tanto en el escrito hemos solicitado una prohibición de salida del país", añadió el diputado.

La medida de "antejuicio de mérito" solicitada a la plenaria del TSJ recaía sobre los magistrados principales de la Sala Constitucional -responsable de la interpretación de la Constitución venezolana- Juan Jose Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.

"Me refiero específicamente, para que quede claro, a la Fiscalía General de la nación, el Ministerio Público debe ser revisado (.) para que esté al servicio del pueblo, de la ley, de la Justicia, esta no es amenaza contra nadie", dijo.

El chavismo emprendió esta medida luego de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del que ella hace parte, y en coordinación con el Parlamento.

Según Carreño, la jefa del Ministerio Público faltó a la verdad al asegurar que no había respaldado la preselección de 33 magistrados del TSJ -acusado por la oposición de estar bajo control del gobierno- en diciembre de 2015.

"Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa", dijo Carreño al mostrar un documento que según él prueba la irregularidad.

Sin embargo, desde hace año y medio la cámara fue declarada en desacato por el TSJ, que considera nulas sus decisiones.

En el pasado la corte invocó la figura de la "omisión legislativa" para avalar por ejemplo un decreto de emergencia económica dictado por el mandatario socialista.

Este viernes, el TSJ rechazó un pedido de Ortega para que autorizara un juicio contra ocho de sus magistrados, al acusarlos de violar la Constitución.

El parlamentario solicitó al TSJ la calificación de 'falta grave', un procedimiento con el que busca la remoción de la fiscal.