Atiende sistema de protección estatal a 25 periodistas

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Los asistentes solicitaron al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, información específica sobre los avances de las quejas en los casos de los homicidios del periodista Adrián Rodríguez y Miroslava Breach.

Además, se puso en relieve la importancia de programar y calendarizar las acciones de transparencia y rendición de cuentas mediante la presentación de estadísticas e informes, que generarán mayor confianza entre los beneficiarios y los aplicantes; evaluar a conciencia la efectividad e idoneidad de las medidas de protección, para asegurar que se adecuen a los diferentes contextos y cumplan su objetivo final; y homologar las medidas de protección a los estándares internacionales y adoptar buenas prácticas que eviten al máximo la exposición al riesgo. "La única forma de saber que tales acciones han sido efectivas es cuando los responsables de los homicidios, agresiones y amenazas estén en la cárcel", subrayó.

Recordó que en agosto de 2012 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, cuyo objeto es garantizar los derechos de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas en la entidad.

"En el caso de Chihuahua, a la fecha se han atendido 25 casos que han derivado en medidas cautelares, mecanismos de protección, uso de botones de pánico, entre otros protocolos para brindar seguridad a los periodistas", explicó el titular de la CEDH.

En el caso de Gabriel Valencia en Guachochi, también hay expediente en Hidalgo del Parral, por parte de Derechos Humanos.

Los casos de 2017 son: el de Adrián Rodríguez y el de Miroslava Breach Veldurea, en ambos casos hay quejas estructuradas. De principios de mes de junio.

Entre las disposiciones que la ley contempla está la creación de la comisión estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, cuya máxima instancia es la junta de gobierno.

Hace algunas semanas, el Pleno del Congreso votó en contra del dictamen de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, debido a las protestas contra la propuesta legal y a observaciones realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, sobre el dictamen.

En la reunión se tomó el acuerdo de realizar una agenda de actividades para apoyar la seguridad de los periodistas en el estado.